He visto entrar y salir tecnologías en las entidades públicas colombianas como si fueran modas pasajeras. Docker no es la excepción, pero merece una conversación honesta. Desde hace tres años escucho en reuniones de arquitectura que "Docker es la solución". Nadie dice solución a qué, exactamente.
En 2019, cuando trabajaba en FONTUR, un colega propuso migrar nuestros portales turísticos a contenedores. Sonaba bacano. La presentación fue impecable: eficiencia, escalabilidad, reducción de costos. El presupuesto se aprobó. Compramos licencias, contratamos un consultor externo. Seis meses después, teníamos contenedores de Docker corriendo en máquinas virtuales de Azure que costaban el doble de lo presupuestado. Y seguíamos con los mismos problemas de rendimiento. ¿Qué pasó? Que nadie en el equipo sabía orquestar Kubernetes de verdad.
Ese es el nudo del asunto. Docker promete portabilidad y agilidad. Pero en el sector público colombiano —donde los presupuestos se aprueban en enero para gastarse en noviembre, donde los equipos de infraestructura tienen tres personas para 47 aplicaciones— Docker se convierte en una complejidad adicional sin contexto.
La brecha real
Todavía no entiendo por qué los gobiernos locales y nacionales siguen comprando soluciones "cloud-ready" cuando sus redes internas son de 2010. Y no es crítica fácil. Es realidad. He estado en salas del Archivo General de la Nación donde Docker sería hermoso. Donde tendríamos orquestación real, escalado automático, despliegues sin tiempo de inactividad. Pero eso requiere infraestructura. Requiere talento. Requiere presupuesto continuo, no una compra única.
La Secretaría Jurídica Distrital, donde pasé dos años, tenía una infraestructura legada compleja. Alguien propuso "dockerizar" todo. Bueno, no exactamente la propuesta fue tan ingenua. Pero sí hubo resistencia genuina: ¿quién administra esto? ¿Quién entrena al personal? ¿Qué pasa si el contenedor falla a las 3 de la mañana?
Estas preguntas no son paranoia tecnológica. Son realistas.
Lo que funciona, de verdad
Y aquí viene lo bacano: Docker sí funciona en el sector público, pero solo bajo condiciones muy específicas. Cuando lo usamos para microservicios internos, para aplicaciones nuevas sin dependencias antiguas, cuando hay un equipo DevOps dedicado. En RAP-E Región Central vimos mejoras reales en tiempos de despliegue cuando contenerizamos ciertos servicios de reportería.
Pero eso fue excepcional. No fue la regla.
La verdad incómoda
Docker en el sector público colombiano sigue siendo una solución buscando problemas claros. O peor: sigue siendo un requisito en licitaciones que nadie entiende del todo. Los proveedores lo venden como panacea. Las entidades lo compran porque suena moderno. Y los equipos técnicos terminan administrando una capa de complejidad innecesaria.
Me equivoqué cuando creí que la tecnología resolvía problemas organizacionales. Docker no falla por Docker. Falla por presupuestos fragmentados, por falta de especialización, por decisiones que se toman en niveles donde no entienden la infraestructura.
¿Debería desaparecer Docker del sector público? No. Pero necesitamos dejar de venderlo como magia. Y necesitamos honestidad: ¿tu entidad está lista para esto?