Era un martes de septiembre cuando me llamó una colega de FONTUR. "Juan Camilo, nos está pidiendo que cumplamos con la 1519". No sabía de qué hablaba. Ella tampoco, pero había llegado el email: la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones acababa de poner en la mesa algo que muchos ignorábamos: los portales institucionales ya no podían ser un desastre para las personas con discapacidad.
Veinticuatro horas después estaba revisando línea por línea qué significaba realmente esa resolución. Y bueno, no exactamente... era más complejo de lo que parecía a primera vista.
La resolución establecía estándares de accesibilidad web basados en las WCAG 2.1 nivel AA. Suena técnico, lo sé. Pero traducido al español de verdad: significa que un portal institucional debe funcionar para alguien que usa lector de pantalla, que navega solo con teclado, que tiene baja visión. Aunque todos sabemos que muchas entidades seguían publicando PDFs sin etiquetas, imágenes sin texto alternativo, menús que parecían laberintos para cualquiera.
En la Secretaría Jurídica Distrital nos tocó hacer el audit. Encontramos cosas bacanas y otras aterradoras. Un formulario que requería hacer clic en un botón cuyo color cambiaba según si estaba activo o no — solo visualmente, sin cambios en el HTML. Una persona ciega no tendría idea de qué hacer. Los desarrolladores no habían pensado en eso. Yo tampoco, sinceramente, hasta que vi el reporte.
Lo que la resolución pedía (y pedía en serio)
Estructura semántica correcta en el código. Contraste de colores suficiente. Navegación con teclado funcional. Textos alternativos en imágenes. Videos con subtítulos. Nada imposible, pero sí exigía disciplina.
Y aquí está lo incómodo: muchos portales que visitaba en el RAP-E Región Central cumplían apenas con lo básico. ¿Por qué? Porque nadie presionaba. La resolución no tenía dientes — no había multas claras ni sanciones explícitas. Era una recomendación vestida de obligación.
Todavía no entiendo por qué algunas entidades esperaban a que alguien se quejara formalmente para arreglarlo. Ojo con eso: había un riesgo legal que nadie mencionaba en las reuniones.
La realidad después de cuatro años
Y aunque la resolución llevaba ya tiempo en vigor cuando llegué al Archivo General de la Nación, seguía habiendo portales institucionales que brillaban por su indiferencia. No porque los desarrolladores fueran malos. Sino porque el presupuesto no alcanzaba, porque no había priorización desde arriba, porque la accesibilidad seguía siendo vista como un lujo.
Me equivoqué cuando creí que una resolución ministerial bastaría para cambiar el comportamiento de toda una administración. La accesibilidad web requiere cultura. Requiere que los diseñadores, programadores y tomadores de decisiones entiendan que una persona con discapacidad no es un caso de uso marginal — es parte de tu audiencia real.
La resolución 1519 fue chévere. Puso en la conversación lo que debería haber estado desde siempre. Pero el cambio de verdad, el que importa, depende de si decidimos que accesibilidad significa inclusión real o solo cumplimiento de papel.